A pesar de su enorme falta  a los Estados Unidos la casa blanca ha declarado:  Dzhojar Tsarnaev (responsable de los ataques en el maratón de Boston) será juzgado bajo una lupa “normal” ante la ley; más no con fines militares como se había previsto. El joven  fue considerado ciudadano estadounidense desde el 11 de septiembre de 2012. A lo que el portavoz de la casa blanca -Jay Carney-  subrayó que va “en contra de la ley” juzgarlo de otra manera. Como se hizo con los sospechosos capturados en Afganistán.

Tsarnaev sigue hospitalizado. Ha sido acusado formalmente este lunes. El tribunal federal encargado del caso confirmó que han llegado los cargos. Un juez estaba presente en el proceso, junto a la cama del detenido en el hospital Beth Israel de Boston, donde está ingresado desde que fue capturado el viernes por la noche. Un movimiento afirmativo con la cabeza es su manera de comunicarse con la justicia.

Tsarnaev apenas respondió, lo hizo  en una ocasión con un  “no” cuando se le pregunta si puede costearse un abogado, según la fuente en  el New York Times. Al presunto responsable, se le adjudica la siguiente acusación: El haber conspirado para usar un arma de destrucción masiva contra las personas y propiedades de Estados Unidos con el resultado de muerte”, que puede ser castigado con la pena de muerte.

Fue el presidente Barack Obama  quién  insinuó el viernes que quería que se juzgara al “terrorista” (así lo llamó) en un tribunal civil. Todo esto bajo el siguiente argumento: “El sistema ha demostrado repetidamente que puede gestionar con éxito la amenaza que seguimos sufriendo“, insistió el porta voz de la casa blanca.

 Con todo esto: El acusado enfrentará a la justicia por  haber asesinado a cuatro personas (las tres del atentado y un policía) además de ser capaz de herir  a casi 180  por lo que  ya ha sido tratado con la excepción que contempla el Departamento de Justicia para los sospechosos de terrorismo. Cuando fue arrestado;  Tsarnaev no escuchó la habitual advertencia en el mundo de la defensa.

El periódico el mundo España aclara perfectamente esta situación. Al no escuchar el clásico: “Tiene derecho a permanecer callado y a un abogado” el acusado se enfrentará a la conocida advertencia Miranda (en honor a una decisión de 1966 sobre el caso contra Arturo Miranda, un agricultor de Arizona acusado de violación en aquel entonces.

Es uno de los principios más sagrados de la justicia estadounidense, pero se puede aparcar ante una situación que afecte a “la seguridad pública”. La consecuencia de no ser informado es que un sospechoso puede ser interrogado sin un abogado y lo que diga en estas circunstancias puede ser empleado en otra investigación o en un juicio en su contra. La defensa puede recurrir el uso de esta excepción, pero existe otra sentencia del Supremo de 1984 que avala la clausula de “seguridad pública”.

Con información del Mundo España