El pasado lunes 7 de enero de 2013, alumnos y profesores de los niveles básico y medio superior regresaron a clases en todo el país, luego de disfrutar de las vacaciones de invierno. Hubo tiempo para descansar y hacer cosas no usuales durante clases, y ahora regresan a culminar el período escolar 2012-2013, que esperemos sea de éxito para todos ellos. Sin embargo, en el lapso en que las aulas lucieron vacías, la Reforma Educativa que propuso el presidente Enrique Peña Nieto avanzó en el Congreso de la Unión, logrando su aprobación en ambas cámaras, por lo que ahora transita por las Legislaturas de los Estados para que los cambios sean parte de nuestra Constitución federal. Pero, ¿qué hay de la Reforma?

Como recordaremos, querido zacapoaxteco, al día siguiente de que el mexiquense Enrique Peña Nieto asumiera el cargo de Presidente de la República, las tres principales fuerzas políticas de nuestro país –PRI, PAN Y PRD–, así como el nuevo gobierno federal, suscribieron un consenso con miras, según dicen, de transformar al país, al que llamaron “Pacto por México”. Dentro de este pacto se encuentran una serie de reformas a la Ley en distintas materias. Una de las reformas bien vista por los firmantes del Pacto por México fue la concerniente a la educación.

No me cabe la menor duda de que la educación es la mejor inversión que puede hacer un gobierno decidido a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La educación es la base del desarrollo nacional. Y es que a mejor educación, mejor comprensión de la realidad en la que estamos inmersos; y a mejor comprensión de la realidad, mejores herramientas para poder mejorarla. ¿Cómo hacerlo? ¿Es el indicado el camino seguido por la Reforma Educativa?

En el papel, la Reforma Educativa no hace más que modificar un par de artículos de nuestra ley suprema: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, el tercero (el de la educación) y el 73 (de las facultades del Congreso de la Unión).

Actualmente el artículo tercero constitucional consagra en su primer párrafo el derecho de todo individuo a recibir educación y la obligación del Estado de impartir educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y educación media superior, siendo éstas obligatorias. En su segundo párrafo, indica al Estado las virtudes a fomentar por medio de la educación. La Reforma Educativa adiciona un tercer párrafo que garantiza algo esencial en la educación obligatoria: calidad; esto mediante materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa y el trabajo de docentes y directivos para garantizar el máximo logro de aprendizaje. Posteriormente, en la fracción II., agrega un inciso que resalta nuevamente la calidad, ésta vez “con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”.

En la fracción III se agrega un sector más como uno de los involucrados en la educación: los padres de familia, a quienes deberá de considerarles en adelante  en la determinación de planes y programas de estudio, así como en el logro de objetivos educativos. Se le adiciona a esta fracción el hecho de que, en adelante y de ser aprobada, “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado (exacto, la pública), se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Más adelante también se adiciona “Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”. Lo anterior significa, en concreto, que para los cargos de director o supervisor será necesario someterse a concursos de oposición, para demostrar la capacidad de desempeñar el cargo. Y es que actualmente, el método escalafonario prioriza la antigüedad a la capacidad; dejando de lado el hecho de que no necesariamente a mayor antigüedad, mayor capacidad. Si un docente tiene antigüedad y es apto para el cargo, que lo ocupe; pero si hay alguien mejor para tal labor, lo ideal será que lo tome el más capaz. Esto no se aplicará a las instituciones a las que la ley otorgue o haya otorgado autonomía.

Para terminar con este artículo, y quizás uno de los cambios fundamentales de la Reforma en cuestión, es la adición de una fracción IX. que crea nada más y nada menos que un organismo público autónomo a quien se le da la tarea de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional. Dicho organismo se crearía bajo el nombre de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y coordinará el Sistema Nacional de Evaluación Educativa desde preescolar hasta la educación media superior. Este organismo será dirigido por una Junta de Gobierno compuesta por cinco integrantes, quienes serán designados de manera escalonada. Para elegir a un integrante será necesario que el Presidente de la República proponga una terna al Senado y que este último apruebe a uno de ellos por las dos terceras partes de los presentes; de ser rechazada la terna completa, será propuesta otra para elegir a uno de los propuestos o, en caso de ser nuevamente rechazada la terna, se elegirá de entre ellos al integrante por el Presidente. Cabe resaltar que este mecanismo es similar al que se lleva a cabo con miembros de otros organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral, e incluso miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los miembros, una vez designados, no pueden ser removidos salvo por causas graves mencionadas en la misma Constitución, y durarán siete años con posibilidad de reelegirse una única ocasión. Es decir, el puesto a ocupar en dicho instituto será gracias a su “capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto”, y no será un favor que le deban ni al Presidente ni a otro político, por lo que se asegura la autonomía del instituto.

Al artículo 73, fracción XXV se le adiciona la facultad del Congreso para “establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3°” de la Constitución. Además se busca que las leyes hechas por el Congreso se encaminen a “asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad”.

Por último, la Reforma indica en sus artículos transitorios la obligación del Senado de elegir a los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto creado a propuesta del Presidente en los siguientes seis meses a su publicación. Así como la indicación al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de realizar un censo de escuelas, maestros y alumnos en 2013, que permita tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo.

¿Qué de malo tiene que los cargos de dirección y supervisión sean otorgados mediante un concurso de oposición? No mucho. Si en los hechos los mejores docentes lograrán llegar a esos puestos y desempeñarlos bien, buen punto para la Reforma. El hecho de que el ingreso, promoción y permanencia de los docentes se ajuste a exámenes de oposición tampoco es malo. En cualquier otro trabajo, si no llevas a cabo las metas planteadas en el mismo, lo más común es prescindir de tus servicios. ¿Por qué seguir manteniendo en el sistema a docentes que lo menos que hacen es educar?

La autonomía del Instituto en adelante encargado de evaluar la educación, podría permitir que el panorama educativo sea real y mostrar así las carencias del sistema. No era sano que el Estado se evaluara a sí mismo, puesto que a todas luces decía verdades a medias. Tampoco es función de ningún sindicato educativo evaluar la educación, los sindicatos son para la defensa de los derechos de los trabajadores, no para dirigir la materia en cuestión; menos en educación, cuya rectoría es exclusiva del Estado según la Constitución.

En adelante se verán los logros o fracasos de esta Reforma Educativa que ya ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y que necesita la aprobación de al menos 17 Legislaturas de los Estados y de la publicación en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente de la República. Al momento de estas líneas ya ha sido aprobada por las Legislaturas de los Estados de Chiapas, Baja California, Coahuila, Aguascalientes, México, Veracruz, Tamaulipas y Querétaro; por lo que es cuestión de tiempo para que logre la mayoría de los Estados que marca el artículo 135 como necesaria para aprobar una reforma de tipo constitucional.

Ya estaremos hablando de los productos de esta reforma. Cabe aclarar que los docentes que ya son parte del sistema educativo nacional no pueden verse afectados en su empleo, ya que no puede aplicarse una ley de forma retroactiva si causase afectación en sentido negativo a persona alguna; por lo que su plaza estaría segura. Lo que sí es seguro también es que, una vez aprobada la Reforma, las promociones de cargo y los nuevos ingresos deberán hacerse en base a la Ley, ya que ninguno que se haga contrario a ella tendría validez.

Otra cosa segura es que habrán bastantes alegatos tanto de parte de la disidencia magisterial representada por la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) y compañía que se le agregue; como de parte del mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuya lideresa, la profesora Elba Esther Gordillo, no está muy contenta que digamos, y no es para menos, pues es probable que su negocio termine.

Hasta la próxima mi estimado zacapoaxteco.